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Panamá refuerza las políticas y acciones de cumplimiento para salir de las listas internacionales

El Gobierno de Panamá, representado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), al participar en la última sesión del Grupo de Revisión de la Cooperación Internacional del Grupo de Acción Financiera Internacional (ICRG, por sus siglas en inglés), reiteró su compromiso con el cumplimiento de las recomendaciones para combatir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (BC/FT/FPADM)


Oficina de Información y Relaciones Públicas. Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)



El ministro Héctor Alexander, titular del MEF, aseguró la voluntad de esta administración para avanzar en el cumplimiento de los puntos pendientes del Plan de Acción trazado al país. En los últimos 12 meses se ha logrado efectividad en 7 de las 15 acciones comprometidas y quedan por cumplir 8 acciones que requerirán celeridad en su ejecución.



Entre otras actuaciones ya en marcha, Alexander mencionó el proyecto de ley 624, una iniciativa del MEF que ya fue aprobada en tercer debate en la Asamblea Nacional y se convirtió en la Ley 254 de la República al ser sancionada por el presidente Laurentino Cortizo Cohen.




Fortalecen el marco legal


La ley 254 incluye algunas de las recomendaciones del ICRG, para el fortalecimiento del marco legal de prevención BC/FT/FPDAM establecidas en el Plan de Acción, como garantizar un sistema sancionatorio disuasivo y proporcional ante el incumplimiento de las normas regulatorias a los sujetos obligados del país, adecuar el acceso y monitoreo apropiado a la información del beneficiario final de personas jurídicas.


Además, el país ha avanzado respecto a la evaluación de riesgo de personas jurídicas y la Superintendencia de Sujetos No Financieros ha adoptado un plan de supervisión basado en riesgos, que ya ha demostrado importantes mejoras en sectores de alto riesgo, incluidos los agentes residentes.


El ministro Alexander añadió, como muestra del impulso que se está imprimiendo a la persecución de los delitos financieros en Panamá, el incremento de las investigaciones paralelas en cooperación con otras jurisdicciones, y las de alto riesgo, relacionadas con delitos precedentes del blanqueo de capitales, como la trata de personas, corrupción, tráfico de drogas y las remesas de dinero sin control adecuado, ya en manos del Ministerio Público.


Sobre las tareas pendientes, el ministro Alexander apuntó que las instituciones públicas involucradas en la puesta en práctica de las acciones del Plan de Acción y que deben demostrar efectividad son conscientes del avance sustantivo y efectivo que como país debemos demostrar en los próximos meses.


“Para Panamá, es muy importante salir de estas listas internacionales, eso está claro y es cada vez más evidente”, declaró el ministro Alexander, quien recalcó la decisión gubernamental de adoptar las condiciones que refuercen la cultura de cumplimiento en el país.


En esta coyuntura, añadió: “Como país pequeño, necesitamos las relaciones internacionales para asegurar nuestro crecimiento y desarrollo, sacando el mejor provecho de nuestro sector de servicios y estamos perdiendo competitividad frente a otras jurisdicciones que se han adaptado a los estándares internacionales”.


“Estamos en una cruzada para salir de las listas. Vamos a hacer el trabajo bien, porque no se trata solo de salir, sino de no volver a entrar en el grupo de países no cumplidores. Una débil transparencia fiscal pone en riesgo la reputación del país”, apuntó el ministro Alexander.



Ingresos corrientes

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a través de la Dirección General de Ingresos (DGI), informó que, al cierre de octubre del presente año, los ingresos corrientes acumulados desde enero en efectivo del Estado totalizaron B/. 4,620 millones, lo que refleja un aumento de B/. 658.3 millones, es decir 16.6%, contra igual periodo del año 2020 y un superávit de B/. 623.3 millones comparados con el presupuesto,


La recaudación de los ingresos tributarios acumulados al cierre preliminar del décimo mes de 2021, fueron B/.3,488.7 millones, reflejando un superávit de 14%, comparado con la cifra presupuestada y 15.3% más de lo recaudado en el mismo periodo del año anterior.


Mientras que los ingresos no tributarios alcanzaron la suma de B/. 1,079 millones, lo que refleja un 28.5% por encima de lo presupuestado y un incremento de 19.9% en relación con lo recaudado en 2020.


En tanto, en octubre 2021, los ingresos corrientes totalizaron B/. 432.1 millones. Del gran total, B/. 321.5 millones pertenecen a la recaudación de ingresos tributarios, B/. 106.8 millones a ingresos no tributarios y B/. 3.7 millones a otros ingresos corrientes.


Los ingresos corrientes recaudados en octubre muestran un déficit de B/.109.9 millones en comparación con el monto presupuestado para ese mes, pero un aumento de B/. 57.8 millones en relación con la cifra recaudada en 2020.


Defraudación fiscal


El MEF a través del director general de Ingresos, Publio De Gracia Tejada, presentó ante el Ministerio Público la primera denuncia por presunta defraudación fiscal, luego de la valoración realizada al expediente por el Tribunal Administrativo Tributario (TAT).


La causa se da en concordancia a lo señalado en el Código de Procedimiento Tributario y en cumplimiento a la Ley n° 70 del 31 enero de 2019, que establece la defraudación fiscal como una violación de carácter penal, cuando la suma defraudada supera los B/.300,000.00.


La investigación dio inicio en la vía administrativa por inexactitudes con respecto a obligaciones en los impuestos Sobre la Renta e ITBMS, lo que determinó una suma defraudada superior al millón de balboas (B/.1,000.000.00), por lo que se da traslado a la vía penal para que se continúe con las investigaciones correspondientes.


“Este paso es un hecho histórico y un hito importante de la República de Panamá, que comprueba que sus instituciones tienen la capacidad de investigar y llevar ante las autoridades competentes una investigación por posible defraudación fiscal”, expresó De Gracia.


Informó que la sección de Evasión y Defraudación Fiscal de la entidad mantiene en investigación un centenar de casos, con lo que garantiza la responsabilidad de perseguir los ilícitos tributarios.


Reiteró a los contribuyentes naturales y jurídicos que deben cumplir con las normas tributarias de manera voluntaria.


La Dirección General de Ingresos refuerza las medidas de fiscalización e investigación para garantizar la transparencia en materia fiscal y disminuir los casos de evasión y defraudación al fisco.



Presupuesto de 2022


El proyecto de Ley nº 637, que dicta el Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal de 2022, por un monto de B/. 25,294.7 millones, fue aprobado ante el Pleno Legislativo, en presencia del ministro Héctor Alexander.


Los ajustes recomendados por la Comisión de Presupuesto incluían modificaciones por B/. 560.0 millones, mientras que los solicitados por diversas instituciones, durante las vistas presupuestarias, ascendieron a B/. 2,453.4 millones.


El MEF mantuvo el empeño gubernamental de privilegiar la inversión sobre los gastos corrientes y de funcionamiento, por lo que recomendó un aumento de B/.168 millones basado en ingresos propios adicionales, sugeridos por entidades de Gobierno Central y descentralizadas.


La razón de los ajustes obedece a los claros indicios del ritmo de recuperación de la crisis provocada por la pandemia COVID-19 en las finanzas públicas que todavía está impactando la economía mundial.


El proyecto de Presupuesto de 2022 fue elaborado de conformidad con las disposiciones legales que rigen la materia, siguiendo los lineamientos de la política presupuestaria, enunciada para la vigencia fiscal 2022, este refleja la estrategia de política fiscal que mantendrá el Gobierno.


El presupuesto ajustado de B/. 25,294.7 millones cumple con los niveles de déficit fiscal fijados en la Ley de Responsabilidad Fiscal Social y representa un incremento de 4%, comparado con el presupuesto modificado del 2021.


De igual forma, el presupuesto para el 2022 refleja un aumento de B/. 254.4 millones, en el reglón de inversión y una disminución de B/. 86.3 millones en la parte de funcionamiento, comparado con lo presentado en julio pasado.


El presupuesto de 2022 está distribuido en los siguientes sectores: B/. 11,582 millones para el desarrollo de los servicios sociales; B/.202 millones, al fomento ambiental y tecnológico; B/. 1,574 millones, a infraestructura; B/. 717 millones, al desarrollo y fomento de la producción; B/. 3,975 millones, a servicios financieros; B/. 3,335 millones, a servicios generales y B/. 3,909 millones, al servicio de la deuda pública.


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